Centralizar no combate la corrupción. Por: Ángel Dorrego

Centralizar no combate la corrupción. Por: Ángel Dorrego

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, parece tener una idea sui generis acerca del combate a la corrupción. En su estructura discursiva y de operación, la corrupción se combate con honestidad. ¿De dónde se obtiene la honestidad necesaria para combatir el grave problema de corrupción que nuestro país ha padecido desde que es un país? Pues con gente honesta y proba ocupando los cargos públicos de mayor envergadura política, financiera y estratégica. ¿Qué asegura que dichos funcionarios se mantengan alejados de la tentación de beneficiosos tratos con actores políticos, económicos y sociales? La supervisión del presidente, que es honesto y vela por los intereses de los mexicanos.

Todo esto viene a cuenta por varios procesos que se desarrollaron en las últimas semanas. Probablemente el más escandaloso mediáticamente hablando haya sido el proceso de elección de comisionados para ocupar los lugares vacantes en la Comisión Reguladora de Energía; ya que, aunque este mecanismo de selección es compartido con el Senado de la República, en las primeras dos vueltas mandó las mismas ternas (con excepción de un caso de 12) para ocupar los cuatro puestos a pesar de que ya se las habían regresado en la primera ocasión, para llegar a una tercera instancia en las que el ejecutivo elige de forma directa. Los rechazos por parte de la cámara alta se debieron a que los candidatos mostraron un evidente desconocimiento de fondo acerca de temas energéticos. La respuesta de López Obrador en una de sus conferencias matutinas fue que los había elegido por honestos. Quedaba claro que no fue por conocedores del área.

Esto no es un caso aislado. Está también la nueva figura institucional, instaurada para su gobierno, de un único delegado del gobierno federal por cada estado de la república para operar los programas de su gobierno, y no uno por secretaría que tuviera programas a nivel local, como se hacía antes. Así vigila a sólo 32 personas. Incluso el sábado pasado, en un discurso pronunciado en Uruapan, Michoacán, aceptó federalizar el gasto educativo del estado, para plácemes del gobernador, Silvano Aureoles; para después fustigar que así el gobierno federal sabría cuánto se estaba gastando y en quién, sin arriesgarse a que los gobiernos estatales se gastaran dichos recursos para otros fines, para una mueca del gobernador.

El punto central aquí es que el presidente está reformando las instituciones para un diseño que, en el mejor de los casos, sólo funcionaría si él es presidente y no se equivoca en ninguna designación, ni jamás es engañado por ningún colaborador. Porque todo depende de la vigilancia de un hombre honesto sobre funcionarios a la altura de él. ¿Qué podría salir mal? Básicamente, todo. Cuando se centraliza el poder en sólo una persona o institución, por bien intencionados que sean, los abusos no tardan en surgir, por la simple razón de que no existe un contrapeso que evite que esto suceda, a la vez que también se han debilitado los mecanismos punitivos para este tipo de conductas. Y si a esto le agregamos que interpretar el marco legal de forma muy abierta y conveniente tampoco es un impedimento, nos encontramos ante una receta para minar a las instituciones al someterlas a la discrecionalidad del funcionario en encargo.

En términos muy sencillos, no se está combatiendo la corrupción. Se está centralizando el poder hacia la voluntad de un hombre, que por honesto que sea, sigue siendo sólo un hombre. Cabe recuperar aquí una idea política tan añeja como vigente: no se trata de encontrar al mejor de los hombres (o mujeres) para dirigirnos, sino un sistema que resista ser dirigido hasta por el peor de los hombres. Porque si hacemos un sistema político que sea para López Obrador, tendría que vivir para siempre. O el próximo haría un sistema para sí mismo, y jamás tendríamos instituciones sólidas y útiles. O, tal vez, deberíamos preocuparnos porque nuestras instituciones cumplan con funciones específicas y bien delimitadas en su ámbito jurídico y político, que estuviesen amarradas a contrapesos que disuadan del abuso del poder, y que contasen con mecanismos de rendición de cuentas lo suficientemente abiertos para que los ciudadanos tengan acceso a vigilar cómo se gastan sus recursos y con qué eficiencia y eficacia se trabaja en la administración pública. Tal vez, pero no en este sexenio.

Educación

Por Ángel Dorrego

Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.
Correo para el público: adorregor@gmail.com