La riesgosa militarización de la administración pública

 

La riesgosa militarización de la administración pública

Por Ángel Dorrego.– La semana pasada se oficializó la renuncia de Javier Jiménez Espriú como Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, esto debido a un desencuentro con la decisión del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de quitar la administración de aduanas y puertos de su cartera para pasársela a la Secretaría de Marina, perteneciente al sector militar mexicano. Esta nueva función se une a las que se han otorgado este sexenio a las fuerzas armadas sin estar precisamente en su campo de acción, que es la defensa nacional, y que incluyen la dirección operativa de la Guardia Nacional, cuerpo civil de seguridad pública federal, pero dirigida desde el sector castrense; además de integrarlos a las funciones regulares de lucha contra el delito; y por si esto fuera poco, también se les ha dado la función de constructora en el futuro aeropuerto de Santa Lucía.
La pulsión del presidente de enviar todos los asuntos complicados a la cartera de las fuerzas armadas se debe al prestigio que éstas han logrado después de décadas de disciplina, apego a la autoridad de los funcionarios civiles y una destacada labor que los ha convertido en el brazo más útil de la administración pública debido a su eficiencia y transparencia, mucho mejores históricamente que la mayoría de las secretarias de estado. Pero, ¿cómo se logró esto? Despolitizando la labor castrense. En el periodo inmediato al término de la Revolución Mexicana, los líderes militares se disputaron el poder del modo que habían conocido en los últimos años: combatiendo los unos contra los otros por el control del aparato gubernamental de nuestro país. Hasta que llegó el pacto que formó un partido político donde las cúpulas de poder se organizarían para hacerse de una sucesión estable de la autoridad, al tiempo que la política se volvía labor de civiles mientras que los militares se alejaban de ese ámbito, jurando lealtad a las instituciones civiles, mientras se plegaron a las funciones propias de su naturaleza.
Latinoamérica no fue tan exitosa en lograr un acuerdo con su sector de defensa nacional en el siglo XX, y en varias ocasiones nuestros hermanos culturales tuvieron que vivir en dictaduras militares cuando un grupo de la cúpula de dicho sector determinaba que su país se encontraba fuera de rumbo. Los resultados fueron de malos a desastrosos, pues los militares de varios países fueron abiertamente abusivos en contra de las garantías individuales, derechos humanos y libertades de los ciudadanos, llegando a casos tan agresivos como los gobiernos asesinos de la Junta Militar de Videla en Argentina o del golpista Augusto Pinochet en Chile. Mientras tanto, en México la milicia ganaba prestigio gracias a su participación del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial o la implementación del programa DNIII-I-E para ayuda a la población en casos de desastre, sobre todo de origen natural. Así que nuestro ejército, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional como en la de Marina, llegó al siglo XX como la institución que más confianza generaba a los mexicanos, lo que se comprobaba en una labor mucho más eficiente que el resto de la administración.
Entonces se empezó a utilizar de nuevo al ejército para labores fuera de su ámbito ante el déficit que tenía el estado mexicano en su administración pública, ya que se les envío a realizar tareas de seguridad pública cuando no es exactamente para lo que están entrenados. Los resultados fueron mixtos, pues si bien las fuerzas armadas de nuestro país han dado una lucha valiente para apoyar las decisiones tomadas desde la autoridad civil, también se les puso en el camino por donde pasa la corrupción y el abuso. Desgraciadamente, se han encontrado casos comprobables donde la labor de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se ha visto manchada por eventos que van desde la recepción de cohecho hasta abusos en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los acercaron a terrenos fértiles para la corrupción, cosa que no había sucedido por diseño institucional, y las razones son claras.
Las fuerzas armadas de una nación, al ser las portadoras del mayor potencial de legítima violencia del estado, se verán tentadas a tratar de dirigirlo si se exacerban las condiciones de inestabilidad política en un país en crisis del cual ellos no sólo tienen las armas, sino el control de los sectores estratégicos. Por eso no es conveniente que se hagan carga de esta segunda parte. El error radica en hacer políticas públicas que sólo piensan en lo inmediato sin fortalecer la capacidad institucional de las partes civiles del gobierno. O sea, si lo que hace falta son policías, hay que hacer un esfuerzo mayúsculo, que se cuenta en recursos, para que en el mediano plazo este sector comience a mejorar. La solución simplista es tomar a las instituciones militares, que funcionan bien, y darles atribuciones que no les corresponden.
Pero nosotros vamos en sentido contrario, pues hace más de una década se les dieron labores de seguridad pública, y esa tendencia sólo ha aumentado, ya que prácticamente manejan ese rubro a nivel federal; además de que son la constructora preferida del actual gobierno, y ahora también serán los administradores de nuestro comercio internacional. No me parece que el sector militar de nuestro país vaya a dar un golpe de estado en el corto o mediano plazo, pero hay que ser conscientes de que estamos formando un esquema donde, si quisieran, podrían hacerlo. Y hay que recordar que la principal razón para hacer algo es poder hacerlo, o eso decía Maquiavelo. Esta es una consecuencia del inmediatismo de nuestros gobiernos, que quieren resolver todo en un sexenio y sin gastar mucho. No construimos instituciones fuertes, no corregimos las que existen para que su funcionamiento sea acorde a las necesidades ciudadanas; ya que esto implica tiempo, mucho trabajo, recursos suficientes y no tantos aplausos. Así que le pasamos todo lo que nos rebasa a los militares, esperando que, en el largo plazo, nunca rebasen la autoridad civil, aunque les entregamos todo lo necesario para hacerlo algún día.

Educación

Por Ángel Dorrego

Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.

Twitter: @AngelDorrego

Correo para el público: adorregor@gmail.com

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Foto por Expansión