Unificar criterios judiciales y reducir costos de acceso a la justicia
El ordenamiento permitirá acelerar solución de conflictos, unificar criterios judiciales y reducir costos de acceso a la justicia: senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó una iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Familiares, mediante el cual se prevé solucionar de manera expedita los conflictos en esta materia, unificar los distintos criterios judiciales que prevalecen en los estados de la República y reducir los costos de acceso a la justicia.
El propósito de los criterios judiciales, remarcó, es contar con procedimientos homologados en todo el país para dirimir divorcios y controversias de patria potestad o tutela, entre otros, toda vez que, debido a la diversidad de normas procesales en reglas, plazos, términos y criterios, y a la multiplicidad de ordenamientos, se generan obstáculos para una pronta resolución de los casos.
Al presentar en tribuna la iniciativa, la senadora Guadalupe Murguía indicó que con la finalidad de evitar que los conflictos se agudicen y prolonguen, en el Código Nacional de Procedimientos Familiares propuesto se establece que los tribunales facilitarán la celebración de acuerdos conciliatorios en cualquier etapa del procedimiento.
“El Código hace especial énfasis en la protección del interés superior de la niñez, a que están obligados todos los órganos jurisdiccionales, y procura evitar prácticas que causen a los menores estrés psicológico como consecuencia de declaraciones reiteradas, remembranza de hechos que puedan significarles dolor, interrogatorios reiterados, intimidantes e insidiosos y, por supuesto, demoras innecesarias”, explicó.
Resaltó que en este nuevo ordenamiento los menores tienen derecho de expresar sus opiniones sobre las decisiones que les afecten y también que sus puntos de vista sean tomados en consideración, según su edad, su madurez y su capacidad, y agregó que las familias mexicanas merecen contar con una legislación que asegure procedimientos ágiles y transparentes en esta materia.
Refirió que derivado de una adición a la fracción XXX al Artículo 73 de la Constitución, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación única nacional en materia procesal civil y familiar, como resultado de distintos foros de consulta con juristas, académicos y representantes de sociedad civil para hacer más eficaz la justicia en México.
Guadalupe Murguía, vicepresidenta del Senado, sostuvo que la iniciativa es propuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y es producto de la experiencia en la impartición de justicia y del diálogo permanente que el Poder Judicial de Querétaro ha tenido con expertos en el tema, instituciones gubernamentales, así como con asociaciones, colegios y organizaciones civiles.
“Todo esto permitió integrar una propuesta que suma la experiencia de quienes día a día tienen la responsabilidad de atender, defender y resolver todos los conflictos que se producen en el núcleo familiar”, destacó.
De igual forma, aclaró que el Código contempla únicamente los procedimientos del orden familiar, “en virtud de que compartimos la tendencia que se ha venido dando en algunas entidades federativas para expedir por separado las leyes adjetivas familiares y las que corresponden a la materia civil”.
La senadora panista por Querétaro manifestó que la familia es la base de la sociedad y fundamental para el Estado, “por ello, en nuestra opinión el derecho de familia debe regularse de manera especial, ya que por su naturaleza jurídica es distinta al derecho civil”.
La primera, añadió, pertenece al derecho privado y debe prevalecer el interés de las partes; en cambio, en la materia familiar se regula la organización, el funcionamiento y disolución de la familia, por lo que siempre habrá de prevalecer el interés superior del menor y la familia, aún por encima del interés de las partes.
La iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Familiares, que consta de 14 títulos, siete capítulos y 626 artículos, fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.