Cómo hacer un video-escándalo político de impacto

 

Cómo hacer un video-escándalo político de impacto

Por Ángel Dorrego.- Los eventos recientes en cuanto a la lucha política en México han demostrado la baja calidad con la que sigue operando nuestra clase política, desgraciadamente en tiempos de incertidumbres. El descrédito actual que vive el oficio de la política se debe a eventos como los que están inundando nuestros medios de comunicación: sobornos, corrupción, manejo sesgado de la ley y luchas intestinas sin visión de futuro. En la misma semana vimos dos videos que indican (porque todavía no prueban nada) la corrupción de varios actores políticos vigentes, y donde terminó involucrado el presidente de la república, quien empezó el relato como incitador. Sin embargo, el impacto es distinto.

¿A qué se debe esto? Al modo y momento en como se presentaron. Me explico.
Primero hay que recordar al video-escándalo por antonomasia en lo que se refiere a la política mexicana, como lo es el caso de René Bejarano. Corría el año de 2004 cuando el personaje mencionado asistió, en su calidad de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a una entrevista en el noticiero matutino del canal 2 de Televisa. Era de todos sabido que era un cercano colaborador del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el también perredista Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo que Bejarano era entrevistado acerca de un tema de corrupción de otros partidos, se transmitía por el canal 4 el noticiero conducido por el payaso Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, en donde un diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) mostraba un video donde Bejarano recibía dinero en efectivo del empresario argentino Carlos Ahumada, el cual no cupo en su portafolio, por lo que se llevó lo que faltaba en las bolsas de su saco con todo y ligas.
Al estarse transmitiendo ambos noticieros desde las instalaciones de Televisa Chapultepec, le pidieron a Bejarano que visitara el estudio del noticiero de Brozo para responder a las acusaciones. Brozo fue incisivo y apretó al ver que el diputado trastabillaba para explicar por qué recibía dinero en efectivo de un empresario, insistiendo en que dijera los motivos y el destino de los recursos. Bejarano dio dos versiones distintas en cámara, y horas más tarde daría una tercera. Ninguna funcionó. Tanto López Obrador como el PRD se quejaron de que a Bejarano se le puso una trampa. Si esto fue cierto, salió de maravilla, ya que sabían que la exhibición del video en sí misma no generaría impacto, ya que se le daba oportunidad al imputado de armar una versión coherente para justificar las imágenes. Se necesitaba que Bejarano no tuviera apoyo para responder, haciendo que cualquier versión posterior fuese poco creíble. Así que los fallos en la respuesta fueron lo que permitió que el escándalo mermara las preferencias electorales de López obrador con miras a las elecciones presidenciales del 2006, mientras que Bejarano fue desaforado, encarcelado y, a la postre, liberado al no poderse demostrar crimen más allá de la desacreditación pública que lo persigue hasta hoy. Y remarco, la clave fue el tiempo, el momento en que se exhibió el video.
Desde ahí se han presentado en diferentes momentos videos de políticos recibiendo sobornos que se han perdido en la memoria del tiempo, como el del entonces presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien pedía un millón de dólares por ayudar a depredar áreas protegidas para un consorcio turístico; o una candidata del naciente Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que recibió efectivo de un empresario en al menos dos ocasiones. En ambos casos se pudo poner pretextos para justificar el accionar, dando soluciones parciales y apagando la posible hoguera. Todo esto para llegar al 2020, donde López Obrador es presidente de la república por Morena, y tiene al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sujeto a proceso judicial bajo acusaciones de recibir sobornos a cambio de contratos con la empresa energética mexicana. El acusado toma el criterio de oportunidad, lo cual significa que el estado mexicano no lo acusará de crímenes mayores si coopera para probar la participación de actores políticos de mayor jerarquía, por lo cual está llevando su proceso en libertad.
López Obrador insistió en este caso de manera reiterada en sus conferencias de prensa matutinas, probablemente tratando de llevar el debate público al tema de la corrupción de gobiernos anteriores ante los magros resultados en la lucha contra la actual pandemia. Dijo que Lozoya iba a aportar videos, y que todos deberíamos verlos. Al siguiente día, apareció en redes un video donde se le entrega una cantidad muy importante de dinero en efectivo a colaboradores cercanos de un par de entonces senadores del Partido Acción Nacional (PAN). Ambos se deslindaron de las acciones de sus empleados. Otro día después, el presidente exhibió el video en su conferencia matutina al tiempo que se quejaba de que los medios no le habían dado la importancia suficiente, alegando que el pueblo de México debía ver la inmundicia de un pasado corrupto, entre un conjunto de calificativos denostantes a lo que él alegó eran sobornos para comprar votos legislativos a favor de la reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y es que el video, en sí mismo, presenta pocas pruebas. Se asume en automático que el dinero es un soborno, que los que lo reciben lo hacen para sus empleadores y que es a cambio del voto parlamentario a favor de las reformas del entonces presidente. Son tres cosas las que hay que asumir sin probar. Si usted comienza sus argumentos con: “¿A poco no crees que…?”, esto le parecerá suficiente prueba, pero desde el punto de vista jurídico carece de valor; ya que es necesario corroborar, más allá de la duda razonable, que así fue. Y ese valor jurídico se perdió con la presentación del presidente que, al igual que Felipe Calderón en el caso de Florence Cassez, nombra culpables desde la cúpula del poder, violentando el debido proceso y favoreciendo a los acusados en su futura defensa.
Esa misma tarde, aparecen otros videos, filmados entre 2012 y 2015, del hermano del presidente, de nombre Pío, recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, quien le pide explícitamente que el hoy presidente sepa que están con él, y que por eso le dan recursos para la organización de actos públicos. David León se desempeño al inicio de este sexenio como Coordinador Nacional de Protección Civil, y recién dejaba el cargo para asumir la encomienda como zar anticorrupción en la compra de medicamentos, ya que López Obrador lo describió públicamente como uno de los mejores funcionarios del gobierno. Así que el presidente se vio con poco más de 12 horas para responder a esto en su conferencia del siguiente día. En ésta, el primer mandatario de nuestro país dijo que ya sabía de los videos, pero por su respuesta, pereció que no. Dijo que a su hermano se le entregaban contribuciones del pueblo para apoyar al movimiento. El pequeño bemol es que eso es un delito electoral, y el presidente lo admitió públicamente, ya que el único método legal en que los partidos políticos pueden recibir aportaciones es por medio de una cuenta fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual pueden aportar quienes se hayan registrado para ello. Todo lo demás es financiamiento ilegal de campañas.
¿Cuál fue la diferencia entre ambos videos? Tiempo y oportunidad. López Obrador mostró sus cartas sin contar con una serie de avales probatorios, y además en un momento mediático convulso por la pandemia, aunado a que no logró golpear a sus objetivos más allá de la suposición. Por el otro lado, el video de su hermano lo golpeó del mismo modo que en 2004: quien recibe el dinero es alguien de su primer círculo público de confianza, se dice explícitamente cuál es el destino de los recursos y se presenta en un momento donde se tenía poco tiempo para elaborar una respuesta y una estrategia de contrataque, por lo que se obtuvo una declaración tan incriminatoria como las imágenes mismas. Y no nos equivoquemos, la corrupción en nuestra clase política se tiene que erradicar por la vía de procesar jurídicamente y apegados al debido proceso a los perpetradores sin importar su filiación partidista, pero esto no se va a lograr en un juego de percepciones ante la opinión pública cuando tenemos temas urgentes como la pandemia, la reactivación económica y la inseguridad. Así que no hay que distraernos con espectáculos cuando el estado mexicano requiere operadores claros en sus funciones y concentrados en su trabajo, no en el voyerismo electorero.

Educación

Por Ángel Dorrego

Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.

Twitter: @AngelDorrego

Correo para el público: adorregor@gmail.com

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