Militares acusados de irregularidades en construcciones del Banco del Bienestar
Militares son acusados de irregularidades financieras en construcción de sucursales del Banco del Bienestar.
“Por el bien de todos primero los pobres” fue el eslogan que Andrés Manuel López Obrador adoptó a lo largo de su campaña para ganarse la simpatía de la ciudadanía y lograr llegar a la aclamada Silla del Águila en 2018. Si bien millones de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza se han visto beneficiados por los programas sociales impulsados por el mandatario tabasqueño y su autodenominada Cuarta Transformación, algunos de sus proyectos se han construido en un terreno opaco y turbulento.
Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador también llegó a la presidencia con la promesa de combatir la corrupción que, según él, era característica de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron. Sin embargo, investigaciones periodísticas y hasta el reciente hackeo realizado por el grupo de activistas denominado como “Guacamaya” a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han señalado irregularidades financieras tanto en dicha dependencia como en la administración que encabeza el mandatario tabasqueño. acusados, acusados, acusados, acusados, acusados, acusados, acusados
Y es que, poco a poco, la revisión de los seis terabytes de información obtenidos por “Guacamaya” han expuesto una cara poco conocida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalando incluso a militares de incurrir en actos de corrupción en la construcción de al menos 17 sucursales de el Banco del Bienestar.
Construcción opaca de sucursales del Banco del Bienestar
A través de una revisión que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó a los procedimientos de contratación para la construcción de 17 sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México, lograron identificar irregularidades financieras equivalentes a casi 20 millones de pesos.
Dicha situación se encuentra plasmada en un documento “de carácter reservado” con el folio 1372 emitido en junio de 2022, mismo que fue hackeado por “Guacamaya” y difundido por el medio Latinus.
De este modo, la información señala que la subjefatura administrativa y logística de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió “un correctivo disciplinario consistente en arresto” para los militares responsables de las irregularidades identificadas.
De acuerdo con lo expuesto en el documento, las irregularidades fueron identificadas en cinco frentes de la Ciudad de México en los que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dividió las obras realizadas entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.
Entre las anomalías detectadas en la contratación y construcción de las sucursales del Banco del Bienestar destacan la falta de comprobación de gastos, pagos en exceso, cancelación de comprobantes fiscales, errores en la retención de impuestos, pagos a proveedores contratados de forma irregular o sin contrato, y “aperturas de caja chica sin que exista evidencia documental que compruebe dicho gasto”.
Aunque dichas irregularidades fueron detectadas en los frentes 9, 10, 12 y 16, es el número 14 -el cual estuvo a cargo del capitán primero Manuel Alvarado- el que tiene un mayor monto de observaciones con 17.2 millones de pesos.
En el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeado por los activistas de “Guacamaya” detalla que el capitán primero Manuel Alvarado “sólo presentó ocho expedientes de la totalidad de sus procedimientos de adquisición, derivados de la construcción de cuatro sucursales del Banco del Bienestar”.
Por dicho precedente la dependencia solicitó que se aplicara un correctivo disciplinario tanto para el militar como para quien resulte responsable de esa dirección general por no haber presentado sus expedientes para revisión.
Cabe mencionar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó como tarea a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la construcción y equipamiento de al menos dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, institución a la cual las y los beneficiarios de los programas sociales de la autodenominada Cuarta Transformación pueden acudir a retirar su dinero en efectivo o a realizar otras operaciones bancarias.
