Taxis por aplicación, siempre lo urgente y nunca lo importante

Taxis por aplicación, siempre lo urgente y nunca lo importante

Por Ángel Dorrego.- Otra vez nos hemos encontrado en recientes fechas con protestas de los grupos de taxistas tradicionales acerca de la incursión en el mercado de las aplicaciones digitales de servicio de transporte, a la vez que los gobiernos de todos los niveles destacan por su pasmosidad y falta de ingenio para otorgar cualquier clase de solución perdurable; mientras que en el conflicto, como suele pasarnos bastante, trata de mediar entre las partes rijosas sin tomar en cuenta al elemento final de la cadena: el usuario. La semana pasada pudimos ver como organizaciones que agrupan a taxistas registrados ante los gobiernos locales realizaron manifestaciones donde ahorcaron vialidades, principalmente en la Ciudad de México (CDMX), para presionar a las autoridades acerca de lo que ellos consideran como una competencia desleal de parte de las ya presentes nuevas opciones en la transportación del público. Las respuestas a estas problemáticas por parte de los gobiernos municipales, estatales y el federal han tenido reflejos dignos de una piedra. El mayor avance que se ha logrado ha sido el establecimiento de mesas de diálogo con las partes involucradas, sin que se concreten todavía soluciones que permitan un nuevo marco de convivencia con respecto a este servicio público concesionado a manos privadas. Uno de los problemas de nuestra administración pública que ve sus consecuencias en casos como estos es que siempre se está atendiendo lo urgente, por lo que nunca nos da tiempo de hacer lo importante. Cada administración local tiene que lidiar con corregir las consecuencias de las ineficiencias de sus antecesores. Por ejemplo, usted debe estar acostumbrado a que con relativa periodicidad se haga repavimentación en las calles con el fin de tapar los baches de la repavimentación anterior. Todo porque quizás llovió muy fuerte y se le empezaron a hacer agujeros a la calle. Entonces urge tapar los baches. Por lo tanto, no estamos pensando en hacer nuevas vialidades o modificar las que ya tenemos con el fin de crear flujos de movilidad sostenibles, sino que simplemente estamos tapando hoyos. Éste es exactamente el caso.

Y no es que el problema nos cayera de improvisto, sino que, como en muchas otras cosas, actuamos como si a nosotros no nos fuese a pasar lo que al resto del mundo. Desde el momento en que aparecieron aplicaciones móviles para conectar a usuarios de servicio de taxi con conductores, en muchas ciudades del mundo chocaron contra los servicios previamente establecidos. Basta ver el caso de Madrid, por ejemplo, para poner una referencia cultural relativamente cercana. Era inminente que a nosotros nos iba a terminar pasando lo mismo, pero no hicimos algo para estar preparados. Y en este tema siempre hemos actuado por reacción, casi nunca por planeación.

Primero tuvimos automóviles que prestaban el servicio de transporte público individual, a la manera del naciente concepto de taxi en las urbes más avanzadas del mundo. Pasó poco tiempo para que los usuarios se molestaran por la arbitrariedad en el cobro del servicio, por lo que nuestros gobiernos respondieron haciendo obligatorio el uso de taxímetro, un dispositivo cuyo fin es estandarizar una tarifa a partir de la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrerla. Aun así, muchas veces se habrá usted topado con que algún taxi tuviera un taxímetro con un sospechoso error a favor del conductor. También se les pidió a los taxistas que se registraran ante el gobierno, así como sus unidades. Esta operación se pagó directamente de tasar los permisos para circular como unidad de transporte público. Los costos de poner un vehículo a circular como taxi varían según la locación, pero no son nada baratos. En la CDMX, por ejemplo, llegan a alcanzar casi la mitad del costo del vehículo mismo. Esto sin lograr muchas mejoras para el servicio a los usuarios, ya que las administraciones locales se encontraron con un ingreso fijo en licencias, el cual no tienen la menor idea de cómo sustituir; mientras que los taxistas han encontrado todos los modos posibles para brincarse las normativas. Si tiene usted la edad suficiente, le habrá tocado tratar de tomar un taxi de madrugada y que el taxista le determinara la tarifa que a él le parecía pertinente por “el riesgo de trabajar de noche”. Si no se aceptaba la tarifa, el taxista se negaba a dar el servicio. Y hágale como quiera, solían contestar.
Es por esto que los servicios de taxi a través de una aplicación en el teléfono celular cayeron como una estupenda solución para los usuarios. Van a donde estás, te dicen quién es la persona que va a conducir y el vehículo, tanto el conductor como el usuario conocen la ruta y la tarifa a cobrarse de antemano. Empezaron por desplazar a los taxis tradicionales en la noche y poco a poco les han ido comiendo el día, sobre todo en lugares donde las tarifas se vuelven abusivas, como en los aeropuertos y las estaciones de autobuses, donde, con la justificación de que los permisos de operar son mucho más caros, las tarifas para el usuario terminan siendo ridículamente altas.

Sin embargo, las respuestas de las organizaciones de taxistas no han ido hacia adelante, planteándose ser una mejor competencia para hacerse legítimamente del mercado. Su respuesta ha sido del siglo XIX, al más puro estilo de los luditas. Estos fueron un movimiento de principios de ese siglo que se rebeló en contra de que muchas de las labores realizadas por artesanos de bajo nivel estaban siendo ejecutadas por máquinas, dejándolos sin su fuente de sustento. Así que se decidieron por destruir las máquinas. El problema con este movimiento, le escuché una vez al Dr. Benjamín Arditi, es que creían que de alguna manera se podía regresar al pasado. Y sigue siendo cierto para todos aquellos que buscan limitar el uso de los avances en la ciencia con tal de conservar un status quo cada vez más inoperante.

Así que lo que hoy piden los taxistas tradicionales oscila entre prohibir la operación de los taxis por aplicación, lo cual resulta absurdo ante la aceptación que han tenido entre los usuarios; pedir que se les cobren las mismas tarifas por operar que a ellos, cuando en realidad han encontrado un modo de agilizar la burocracia propia de un sistema que ni verifica a los taxistas ni ofrece un buen servicio; o pedir que a ellos tampoco se les cobren permisos para operar, pero sin ofrecer una solución para identificarse de forma legítima ante los usuarios garantizando ciertos estándares de calidad. Lo que deberían de hacer sería generar sus propias aplicaciones para agilizar y facilitar su operación, hacer sus propios registros para garantizar la seguridad del usuario o capacitar a los conductores con el fin de que puedan ofrecer una mejor experiencia al consumidor. Incluso podrían aprovechar las debilidades de su competencia, como que los vehículos convertidos en transporte público no son tan seguros como presumen, como ya lo han demostrado los delincuentes que se han metido de choferes de aplicación para cometer sus crímenes, o que las empresas no se hacen responsables en estos casos. Pero ellos sólo quieren lo que tenían antes, como si eso fuera posible.

Por su parte, los gobiernos tendrían que empezar a generar esquemas para el futuro en vez de continuar tratando de administrar el conflicto. Este problema no lo va a resolver un sólo municipio o ciudad. Tampoco una sola legislatura local. Pero nadie se ha dado a la tarea de juntar a varios actores gubernamentales involucrados con el fin de generar estudios de la viabilidad de una política pública donde arquitectos urbanistas, matemáticos, economistas y especialistas de la administración pública generen un esquema inclusivo que permita ambos modos de operación con reglas justas basadas en las necesidades económicas de los prestadores de servicio, la correcta apropiación de datos del gobierno con el fin de garantizar los asuntos de seguridad y lo más importante: que los usuarios puedan tener un abanico de opciones que les resuelvan tanto el acceso a los servicios que requieren como un mínimo de estándar de calidad que haga que las urbes avancen de forma más fluida, en vez de que nos encontremos parados por protestas que, como están planteadas, no tienen solución.

Educación

Por Ángel Dorrego

Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.
Correo para el público: adorregor@gmail.com

Foto Radio JuaCa